La nueva regulación de pisos turísticos de Cataluña incluye una licencia previa urbanística

Si una vivienda ya destinada a uso turístico no consigue la licencia deberá cesar su actividad

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprobado una nueva regulación de viviendas turísticas por la cual los propietarios deberán solicitar una licencia previa en un plazo de cinco años a los Ayuntamientos para poder operar con uso turístico.

Así lo han explicado en rueda de prensa este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, y la consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, tras el Consell Executiu.

La nueva regulación se ha aprobado mediante un decreto ley y tiene como objetivo dar herramientas a los municipios donde hay un problema de acceso a la vivienda o hay riesgo de romper el equilibro del entorno urbanístico por exceso de viviendas turísticas.

Los ayuntamientos deberán modificar su planteamiento urbanístico para recoger expresamente la posibilidad de acoger pisos turísticos, justificando que tienen suficiente suelo para vivienda permanente.

Capella ha explicado que la aparición del fenómeno de los pisos turísticos es una de las causas de la disminución del número de viviendas que se alquilan como alojamiento permanente y que por eso han decidido regular el sector.

En este sentido, ha asegurado que el Govern tiene la obligación de utilizar sus competencias y adoptar "medidas urgentes" para evitar que crezcan problemas "de convivencia y gentrificación".

LOS ACTUALES PISOS TURÍSTICOS

En cuanto a las viviendas que actualmente ya están destinadas a usos turísticos, los propietarios deberán pedir la licencia -- con una vigencia de cinco años renovables-- y si el consistorio no se la otorga deberán cesar su actividad en un plazo de cinco años.

Los propietarios podrán pedir una prórroga de otros cinco años si acreditan que no pueden compensar las pérdidas patrimoniales debido a la pérdida de la licencia.

Las viviendas que operen sin permiso estarán incumpliendo la normativa y el Govern ha asegurado que habrá sanciones graves, aunque no ha concretado cuáles serán.

De este modo, se pasa de la actual declaración de responsabilidad que debían pedir los propietarios para poder destinar su vivienda a uso turístico a la necesidad de una licencia previa urbanística.

MUNICIPIOS TENSIONADOS

El anexo del decreto incluye un listado de 262 municipios donde se aplicará esta nueva regulación, unos 134 tienen problemas derivados de la falta de equilibrio en el entrono urbanístico y el resto son ciudades con problemas de acceso a la vivienda.

En estos 262 municipios hay un total de 95.000 viviendas turísticas y el Govern prevé que en cinco años esta lista se ajuste de acuerdo al nuevo contexto.

Del total de los 262, hay 85 municipios que ya han empezado a regular en materia de vivienda para poder limitar los pisos turísticos, como Barcelona, y estos deberán adaptarse a la nueva normativa a partir de la aprobación del decreto.

PROCEDIMIENTO

Los municipios que quieran destinar parte del suelo al uso turístico deberán acreditar ante las comisiones de Territorio que hay suficiente suelo destinado al uso residencial a través de un instrumento llamado Memoria social.

El Govern considera que existe un peligro de romper el equilibro urbanístico cuando existen más de 5 viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes, y permitirá a los Ayuntamientos dar licencias hasta un máximo de 10 viviendas por cada 100 habitantes.

Para poder conseguir la licencia, las viviendas que quieran ser turísticas deberán realizar una comunicación a la administración para que estar censadas y deberán tener la cédula de habitabilidad, estar amuebladas y que se alquile toda la vivienda completa, no solo una habitación.

Si en un municipio hay más pisos turísticos que 10 por cada 100 habitantes, será el Ayuntamiento el que decidirá qué propietarios consiguen la licencia mediante un régimen de concurrencia competitiva.

El Govern lleva trabajando meses en la normativa y está convencido que este decreto ley pasará cualquier filtro de constitucionalidad y de derecho europeo.