Gobierno notifica el laudo a Eulen y trabajadores para que acuerden un árbitro

EUROPA PRESS

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha notificado a media mañana de hoy a Eulen y a los trabajadores el laudo de obligado cumplimiento, que una vez activado da un plazo de 24 horas a las partes para acordar de mutuo acuerdo un árbitro, y poner fin al conflicto y a la huelga indefinida en El Prat, según confirmaron fuentes del Ministerio de Fomento a Europa Press.

En el caso de que las dos partes implicadas no lleguen a un acuerdo para consensuar un árbitro, será el Ministerio de Fomento en las 24 horas siguientes el que lo designará, tras someterlo con carácter previo a las partes,.

A fin de garantizar la imparcialidad del árbitro, Fomento someterá a las partes el nombre de la persona a designar, y aquellas podrán realizar en el plazo anteriormente citado cuantas alegaciones estimen oportunas.

Una vez designado el árbitro, éste tendrá que dictar su decisión, de obligado cumplimiento para las partes, en el plazo de 10 días naturales desde la fecha de su designación.

La decisión del arbitraje habrá de resolver en equidad cuantas cuestiones se hayan suscitado en el planteamiento y desarrollo de la huelga.

Esta decisión se adopta en aplicación de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 10 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, según redacción derivada de la sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981.

Dicha norma faculta al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al establecimiento de un arbitraje obligatorio en el supuesto en que concurran con carácter acumulativo las circunstancias de duración prolongada de la huelga o que se deriven graves consecuencias de la misma, que las partes mantengan posiciones irreconciliables, y perjuicio grave para la economía nacional.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró ayer que el Gobierno ha tomado esta decisión, acordada en un Consejo de Ministros extraordinario, cuando ya "no había otra vía, desde el punto de vista legal", y desde el "más respeto escrupuloso" al derecho de huelga.

El Gobierno ha justificado esta decisión por la prolongación de la huelga, ante las posturas "irreconciliables de las partes", ante la seguridad de orden público en una estructura estratégica y por el perjuicio a la economía nacional, a la marca España y al turismo derivado del conflicto.