El laudo de Eulen en El Prat, el último en sumarse a la lista de arbitrajes en España

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El laudo obligatorio acordado por el Consejo de Ministros para poner fin al conflicto en el aeropuerto de Barcelona-El Prat y a la huelga de 24 horas indefinida del personal de Eulen, encargado de la seguridad en dicho aeropuerto, es una medida "excepcional" y "extrajudicial" contemplada en el Decreto Ley de huelga de 1977, y se ha utilizado en numerosas ocasiones para resolver conflictos laborales, sobre todo en el sector de los transportes.

Activado el arbitraje, el Gobierno ha dado un plazo de 24 horas a Eulen y trabajadores para consesuar de mutuo acuerdo un árbitro que ponga fin a la huelga indefinida. De no llegar a un acuerdo, en las 24 horas siguientes, será designado por el Ministerio de Fomento a fin de garantizar la "imparcialidad". El árbitro tendrá 10 días para emitir un laudo de obligado cumplimiento para las partes.

Según se contempla en el artículo 10 de la ley de huelga, el Gobierno "teniendo en cuenta la duración o las consecuencias de la huelga" y "el perjucio grave de la economía nacional" puede "acordar la reanudación de la actividad laboral" mediante "el establecimiento de un arbitraje obligatorio", como sucede en este caso que afecta a los trabajadores de seguridad de la empresa Eulen en el aeropuerto catalán.

La primera vez que se impuso un arbitraje obligatorio tras la restauración de la democracia en España fue en el verano de 1981, cuando la Dirección General de Trabajo lo utilizó para acabar con la huelga de gasolineras que, junto a otra convocada por pilotos de Iberia, incidía en los movimientos estivales de viajeros.

Los pilotos de Iberia fueron los protagonistas del siguiente laudo. Ocurrió en julio de 1984, cuando respondieron al anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa, y que fue retirado días después del arbitraje impuesto.

La potestad para promover un laudo también puede corresponder a gobiernos autonómicos como la Generalitat de Cataluña, que en septiembre de 1988 dictó uno para acabar con los retrasos en las obras para los Juegos Olímpicos de Barcelona que había generado el conflicto entre patronal y sindicatos del sector de la construcción.

En 1996, la Generalitat también recurrió a un laudo para acabar con una huelga indefinida en el sector de la limpieza. Algo similar a lo ocurrido en el País Vasco en 1993. El Gobierno vasco también ordenó un arbitraje en 1994 para poner fin a una huelga de 22 días en la empresa Transportes Colectivos (TCSA) de Bilbao.

El sector de los transportes ha sido históricamente el que ha provocado más arbitrajes obligatorios. En 1992, el Consejo de Ministros lo impuso para el conflicto de limpieza en el Metro de Madrid y el aeropuerto de Madrid-Barajas tras una huelga de 23 días.

Y dentro de los transportes, el sector aéreo acapara el mayor número de laudos, y en concreto son los trabajadores de la aerolínea Iberia los que más veces han tenido que acatar los arbitrajes. Ocurrió en 2001 cuando negociaban el convenio con la empresa, lo que provocó suspensiones de vuelos, y también en 2012 tras la creación de su filial de bajo coste Iberia Express por un conflicto con sus pilotos. Un año antes, en 2011, el exministro de Trabajo Manuel Pimentel arbitró en el conflicto entre Aena y los controladores aéreos.