Los controladores pagan los 15 millones de indemnización por el caos aéreo de 2010

JASPER JUINEN - Archivo

El sindicato USCA considera el acuerdo "una liberación" tras ocho años litigando en los tribunales

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los 83 controladores de Baleares acusados por el caos aéreo de 2010 han realizado esta mañana el último pago de las indemnizaciones acordadas a los perjudicados, que ascienden en conjunto a 15 millones de euros, y la mayoría se adherirá a un pacto con la Fiscalía por el que reconocerán un delito de abandono de funciones públicas y asumirán una multa para evitar ir a juicio.

La indemnización acordada es de 1.000 euros por perjudicado por los daños morales más el daño material, que ya han sido cobradas o consignadas en el juzgado para su recepción.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del sindicato de controladores aéreos USCA, que estima que cerca de 80 de los controladores procesados en el archipiélago suscribirán el acuerdo. Además, los acusados pedirán que se aprecien las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y de resarcimiento del daño, lo que podría rebajar la cuantía de la multa.

En febrero, el sindicato USCA alcanzó un principio de acuerdo con la Fiscalía de Madrid y acusaciones particulares por el que se comprometía a desembolsar cerca de 15 millones de euros en concepto de indemnización a los pasajeros afectados por el caos aéreo de diciembre de 2010, una medida condicionada a la aceptación del mismo en Palma de Mallorca.

"La liberación de los fondos para la indemnización de los perjudicados en Madrid y Palma en acuerdo con la Fiscalía, y por ende la retirada de las acusaciones particulares de la causa es el primer paso para poner fin a los dos procesos ocho años después y evitar ir a juicio", señalan desde el sindicato.

En virtud de este pacto con la Fiscalía los controladores que se adhieran reconocerán el abandono del servicio, pero no un delito de sedición como se había planteado inicialmente. En el caso de Madrid no se acusa a los controladores de sedición, por lo que para mantener la unidad de criterio la Fiscalía de Baleares tendría que acomodar su escrito al de Madrid y excluir ese delito.

El acuerdo requiere, una vez que los pasajeros reciban tales cantidades, la retirada de la denuncia por parte de todas las acusaciones particulares cerrándose la fase de instrucción ya que, en caso contrario continuaría su curso hasta llegar a juicio oral.

Con todo, la vista oral se tendrá que celebrar pero los acusados que suscriban el pacto con Fiscalía solo deberán acudir a la primera sesión para ratificar la conformidad evitando ir a juicio, el plazo dependerá de las diligencias del juzgado en el que recaiga.

"Los perjudicados personados en la causa civil ya comenzaron a percibir sus indemnizaciones, unos 1.000 euros más los gastos en que hubieran incurrido por el perjuicio causado, tanto en Madrid como en Mallorca", según explicaron desde el sindicato USCA, que señala que la gran mayoría de las acusaciones particulares han liquidado con sus clientes, salvo en el caso del despacho de Cremades, cantidad que está consignada en el juzgado para que los afectados la retiren cuando lo estimen.

AFECTÓ A UNOS 7.000 PASAJEROS Y A 5.000 VUELOS.

El caos aéreo de diciembre de 2010 afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España. Actualmente, solo quedan pendientes de resolución las causas abiertas contra los controladores en Madrid y Barcelona, de las 20 que se abrieron en diferentes juzgados de toda España ya archivados y exculpatorios para los controladores.

Desde USCA, sindicato al que pertenecen los 216 controladores que se enfrentan a las dos causas pendientes (133 en Madrid y 83 en Palma), se asegura que este acuerdo supone "una liberación" pues pone fin a un conflicto que dura ocho años.

El abogado del sindicato de USCA, José Antonio Choclán, pidió el sobreseimiento de la causa y el archivo de las actuaciones aún pendientes contra los controladores aéreos de Madrid, por entender que "no hubo ningún plante" por parte del colectivo y que el cierre del espacio aéreo fue una decisión "unilateral" de la antigua AENA (ahora ENAIRE).

En el auto, el magistrado señala que no es cierto que el cierre del espacio aéreo fuera una decisión de los responsables del ente A ajena a la voluntad del colectivo, sino que aún siendo una competencia reservada al ente, su decisión "aparece directamente vinculada al abandono de sus puestos de trabajo" y "a consecuencia de la concertada actuación de los trabajadores".

OCHO AÑOS DESPUÉS.

Esto impidió que el tráfico aéreo continuara desarrollándose con normalidad, obligando a la autoridad competente al cierre del espacio aéreo, obligando a la autoridad competente al cierre del espacio aéreo, "ante la imposibilidad práctica de garantizar la seguridad de los vuelos, lo que condujo --señala el juez-- a la declaración del estado de alarma".

Se abrieron más de veinte causas en juzgados de toda España, entre los que figuran además de Madrid y Palma, las ya archivadas en Valencia, Burgos, Álava, Cantabria, Asturias, Alicante, Andalucía, Vigo, Reus, Sevilla y las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción de Granadilla de Abona (Canarias), Sevilla, San Cristóbal de la Laguna, El Prat de Llobregat (Barcelona), Málaga, Reus, Sabadell, Bilbao, Santiago de Compostela y Santa Colomba de Farners (Girona).