El Gobierno habilita a las CC.AA. para limitar las VTC por motivos medioambientales

Apuesta por declarar el taxi como servicio de interés público, aunque con requisitos de calidad más exigentes

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado un real decreto que otorga a las comunidades autónomas y ayuntamientos una serie de herramientas para limitar las autorizaciones de licencias VTC con arreglo a motivos medioambientales y gestión del tráfico en las ciudades.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros que, en el ámbito de transporte, también ha prorrogado todos los descuentos en el transporte público hasta final de año.

Calviño ha explicado que la intención del Ejecutivo es adaptar el régimen jurídico del servicio de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor, conocidos como VTC, a la jurisprudencia europea de este mismo año.

El texto aprobado este martes incluye cuatro puntos principales, entre los que destaca esta dotación de herramientas a los entes autonómicos y locales, que tienen las competencias de taxis y VTC, para limitar nuevas autorizaciones de estas últimas, tal y como demandaba el sector del taxi.

La última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, si bien declaraba ilegal la aplicación de la ratio impuesta en Barcelona de 1 VTC por cada 30 taxis, abría la puerta a limitar las VTC si se argumentan motivos medioambientales o de congestión del tráfico.

En cualquier caso, el taxi puede encontrar dificultades para que se apliquen estas excepciones, puesto que la sentencia también matiza que las VTC favorecen la reducción del uso del coche privado y la movilidad "gracias a su oferta digitalizada y flexible", por lo que no solo no chocarían contra la protección del medio ambiente, sino que, a juicio europeo, lo salvaguarda.

Al margen de este punto, el Gobierno también ha incluido otras medidas de protección al taxi en este último decreto, como apostar por la declaración del taxi como servicio de interés público, aunque con requisitos de calidad más exigentes.

Asimismo, incluye una exigencia para que el titular de una autorización VTC disponga del vehículo en propiedad o en arrendamiento por un periodo superior a tres meses, así como aumentar las exigencias con respecto a la reducción de las emisiones de CO2 en esas autorizaciones.