LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha insistido en que la condición que el Gobierno pone para abordar el plan diseñado para rescatar la decena de autopistas en quiebra es que "los españoles no paguen ni un euro de su bolsillo".
Pastor indicó que este lunes está previsto que los bancos, y las constructoras y las concesionarias de las vías remitan al Ministerio las propuestas que han formulado sobre el proyecto de rescate que el Gobierno les presentó el pasado martes.
Fomento ha cancelado la reunión que estaba prevista para esta tarde en su Departamento con representantes de bancos y constructoras de las autopistas precisamente para contar con más tiempo para evaluar dichas propuestas.
Tras una visita al Puerto de La Luz en las Palmas de Gran Canaria, Pastor reiteró que el problema de estas vías es un problema "heredado", y que se trata de unas infraestructuras ante las que el Estado tiene "una responsabilidad patrimonial cifrada en 5.000 millones de euros".
Por ello, apuntó que se están buscando alternativas para que "el Estado no tenga que hacer frente a este pago de 5.000 millones de euros", que debería abonar en el caso de que las nueve autopistas, actualmente en concurso de acreedores, fueran a liquidación.
La ministra recordó que el desequilibrio que presentan las autopistas deriva de los sobrecostes que registraron en las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron, dado que los tribunales "están diciendo que tienen un valor en algunos casos dos y tres veces superior al previsto", y a sus tráficos, que ha caído de "una forma muy importante".
"Teniendo el Estado por los contratos que se firmaron en su momento una responsabilidad patrimonial que está cifrada en 5.000 millones de euros", subrayó la ministra.
PLAN DE RESCATE CON QUITAS.
El pasado martes el Gobierno presentó al sector el plan que ha diseñado para rescatar a las nueve autopistas de peaje en quiebra. El proyecto pasa por integrar las vías en una sociedad 100% pública tras, previamente, realizar una quita del 50% tanto a la deuda financiera que soportan como al monto que la Administración debe a la constructoras que las construyeron.
Los importes restantes de deuda, unos 2.400 millones de euros de los bancos y unos 240 millones de las constructoras, se convertirá en un bono a treinta años con una rentabilidad del 1%.
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