La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación derivada de las diligencias abiertas en diciembre de 2018 por Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de euros que, según Corinna Larsen, se habrían repartido entre otros el Rey emérito por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011.
