El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha señalado sobre el caso ERE y la controversia con las sentencias del Tribunal Constitucional tras los recursos de amparo de los exaltos cargos socialistas condenados que ha acabado señalando una vulneración de sus derechos fundamentales que "en la Dirección General de Trabajo hubo prácticas delictivas clarísimamente".A partir de esa premisa infiere que "el gobierno del Partido Socialista tuvo una clara responsabilidad política en tener a gente absolutamente desaconsejable para gestionar recursos públicos, que hicieron de ello un descontrol", ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press.